La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de una organización delincuencial que a través de un centro de enseñanza automovilística, ubicado en Villa de Leyva (Boyacá), al parecer, expedía de manera irregular certificados de idoneidad para obtener licencias de conducción.
Por estos hechos, fueron judicializadas siete personas por los delitos de acceso abusivo a medio informático, obtención de documento público falso y fraude procesal. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
Se detectó que la organización, al parecer, utilizó métodos fraudulentos para certificar a personas que no habían recibido la capacitación necesaria, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad del sistema de tránsito.
Los involucrados, incluyendo la representante legal, instructores y personal administrativo, habrían aprovechado su acceso al sistema informático del Ci2 y del RUNT para certificar personas que no cumplían con los requisitos legales.
Las investigaciones iniciaron desde 2023, luego de que 14 estudiantes acudieron ante las autoridades a verificar la autenticidad de sus licencias de conducción, allí se establecieron las posibles irregularidades y los roles de los involucrados.
Viviana Marcela Sánchez Morales, la representante legal, presuntamente ofrecía los servicios, programaba las horas teórico-prácticas y certificaba que los aspirantes habían cumplido con la capacitación. Por su parte, el instructor ejercía su función sin cumplir con los requisitos legales para hacerlo.
Entre las modalidades con las que atraían a los posibles aprendices se encontraba la denominada ‘Venga una vez’, con la cual los aspirantes solo dejaban su fotografía y huella digital por una sola vez y no tenían que completar la intensidad horaria.
De igual manera, ofrecían la posibilidad de que los aspirantes asistieran a colocar su huella en un lector biométrico y la posibilidad de ser certificados en una sucursal diferente a la que corresponde a ese centro de enseñanza.
Con esta maniobra la escuela de conducción evitaba el pago de gastos fijos como mantenimiento de los vehículos, impuesto de rodamiento, gasolina y pago a instructores.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia a Viviana Marcela Sánchez Morales, mientras que los demás procesados continuarán vinculados al proceso.
Fuente: Fiscalía General de la Nación