La Defensoría del Pueblo, emitió la Alerta Temprana 001-25, con el fin de advertir los graves riesgos que enfrenta la población civil en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca (sector de Piamonte), luego de la fragmentación del anteriormente conocido Estado Mayor Central.
La reconfiguración de estructuras, tensiones y confrontaciones armadas entre grupos disidentes liderados por alias ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ han supuesto, en algunos casos, riesgos extremos, particularmente en medio de confrontaciones bélicas entre las partes y sus efectos humanitarios. Este es el caso de zonas como Solano y Cartagena del Chairá, en Caquetá; Puerto Santander en Amazonas; Mesetas en el Meta; Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo; y recientemente en Calamar, Guaviare.
Diez municipios del Meta en riesgo
La alerta identifica a los Municipios de La Macarena, Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Lejanias y Puerto Gaitán. Lugares donde sus autoridades se mantienen en vigilancia permanente para evitar actos de violencia que afecten a sus comunidades.
En otros casos, el riesgo alto se determina por las tensiones entre los grupos disidentes, que se han expresado en violencias directas sobre poblaciones acusadas de apoyar a uno u otro bando, un reforzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, estigmatización de la población, entre otros hechos, que podrían conducir eventualmente a confrontaciones o un recrudecimiento de la violencia directa sobre la población. Esta situación se observa en Huila, Guaviare (San José y El Retorno), varios municipios de Caquetá, sectores del Meta, el Bajo Putumayo y Mirití Paraná y Puerto Alegría (Amazonas).
Entre las principales afectaciones que se identifican en la Alerta Temprana son:
- Reclutamiento y uso forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país.
- Confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales.
- Desplazamiento forzado.
- Amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios.
- Contaminación del territorio por minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI).
- Afectaciones al acceso humanitario.
- Riesgos para quienes han desertado de las filas de las disidencias y/o participan
del sometimiento a la justicia. - La no gestión digna de cadáveres.
Además, se exhorta a todos los actores armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar a la población civil, de acuerdo con los principios del DIH. Igualmente, se hace un llamado a la comunidad internacional para fortalecer su acompañamiento en los procesos de paz y protección de derechos humanos en estas regiones.
La Defensoría del Pueblo continuará en monitoreo permanente para garantizar la protección de las comunidades y el cumplimiento de los derechos fundamentales en los territorios afectados.
Fuente: Defensoría del Pueblo