La Corte Suprema de Justicia ordenó a la empresa Meta Platforms Inc. adoptar medidas inmediatas para frenar la difusión de contenidos que promuevan la violencia de género en la red social Facebook. La decisión fue tomada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural al proteger los derechos de una madre y sus dos hijas, víctimas de violencia intrafamiliar y en riesgo de feminicidio.
El alto tribunal dispuso que la plataforma debe retirar publicaciones con contenido estigmatizante o incitador de violencia, así como impedir su reproducción. La Sala fue enfática en señalar que la libertad de expresión no ampara discursos que perpetúan estereotipos denigrantes ni aquellos que legitiman violencias estructurales contra las mujeres, reiterando la responsabilidad de las redes sociales en la moderación de estos contenidos.
La decisión judicial se dio al confirmar un fallo de tutela que negó el amparo al derecho a la libertad de expresión de un hombre sancionado con 35 días de arresto, tras incumplir en 8 ocasiones medidas de protección dictadas por una comisaría de familia. Para la Corte, los mensajes publicados por el usuario constituían una amenaza velada y una apología al odio, con capacidad de afectar no solo a las víctimas directas sino a toda la sociedad.
Para la Sala lo que este hombre publicó en Facebook corresponde a una amenaza velada. “Lo cierto es que su discurso, como apología al odio y violencia frente a las mujeres y justificador de delitos cometidos en su contra, afecta a todos aquellos que tengan acceso al mismo, puesto que promueve conductas censurables que, según el ordenamiento interno y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, deben ser removidas en aras de garantizar, se insiste, una vida libre de violencia para las mujeres y para los niños, niñas y adolescentes, integrantes de una sociedad que busca superar las prácticas violentas que se han naturalizado.”
Finalmente, la Corte reiteró que la protección de las mujeres frente a cualquier forma de violencia es un deber del Estado colombiano. Además, instó a los jueces a analizar el contexto y el impacto de los discursos en entornos digitales, con el fin de identificar cuándo una expresión deja de ser una opinión legítima y se convierte en un mensaje que promueve el odio y agrava ciclos de violencia.