La Asamblea Departamental de Casanare reabrió el proceso para la elección del contralor departamental, luego de cerrar el procedimiento adelantado el año pasado, donde por múltiples razones no se logró elegir Contralor. El presidente de la corporación, Henry Pérez, informó que al asumir la dirección encontró vigente un contrato con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el cual, tras una revisión jurídica, presentaba observaciones que comprometían la continuidad del proceso de selección.
Según explicó, la mesa directiva promovió una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, que posteriormente fue avalada por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal. Pérez señaló que durante el análisis del expediente se identificaron presuntas irregularidades en la contratación de la universidad, realizada durante la presidencia del diputado Juan Fernando Mancipe. Como resultado, el contrato fue liquidado por mutuo acuerdo y sin desembolsos para la Asamblea.
Pérez Hernández anunció que ya fue expedida la resolución que abre la convocatoria para que universidades del país presenten sus propuestas y presten el acompañamiento técnico y jurídico requerido para la elección del contralor. La publicación permanecerá vigente hasta este viernes y, entre el lunes y el 10 de agosto, las instituciones interesadas podrán radicar sus ofertas. Agregó que la invitación fue enviada a las 101 universidades acreditadas en alta calidad según listado entregado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar la participación de múltiples oferentes.
Frente a los recursos comprometidos en procesos anteriores, Pérez indicó que la conciliación con la Universidad Distrital se realizó sin costo para el departamento. Sin embargo, recordó que en una convocatoria anterior se celebró un contrato con la Universidad de Cartagena por el cual se giraron $10 millones de pesos, recursos cuya ejecución será objeto de revisión por los organismos de control. Asimismo, informó que la Asamblea remitió a la Procuraduría la documentación relacionada con el proceso para que establezca si existen responsabilidades, mientras el equipo jurídico adelanta las actuaciones necesarias para desarrollar la nueva elección conforme a la Ley 1904 de 2018.