El Sindicato SINTRAEMSDES, junto con la concejal Yuli Barón, presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Casanare con el propósito de solicitar la protección de los derechos colectivos relacionados con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y los derechos de los usuarios. La demanda fue dirigida contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Municipio de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), además de pedir la vinculación de otras entidades que el Tribunal considere necesarias.
Los accionantes sostienen que, pese a la intervención de la EAAAY por parte de la Superintendencia desde octubre de 2023, persisten las causas que motivaron la toma de posesión, entre ellas los altos niveles de pérdidas de agua, dificultades financieras, incumplimiento de inversiones y problemas operativos. Según la acción popular, esta situación compromete la prestación del servicio y hace necesario que el Tribunal adopte medidas para garantizar la recuperación de la empresa.
¿Intervención ha generado medidas efectivas?
La demanda señala que el objetivo no es controvertir la legalidad de la intervención ni de las decisiones adoptadas por la Superintendencia, sino que el juez determine si las medidas implementadas durante el proceso han sido eficaces para superar las causas que dieron origen a la toma de posesión y proteger los derechos colectivos de los usuarios. Entre las pretensiones también se solicita la vinculación del Departamento de Casanare y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que concurran en la búsqueda de soluciones estructurales.
La acción popular será estudiada por el Tribunal Administrativo de Casanare, que deberá decidir sobre su admisión y el trámite correspondiente, así como sobre las medidas que eventualmente puedan adoptarse dentro del proceso.