Prosperidad Social informó que el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA, cuyo inicio había sido anunciado para el 21 de agosto, será reprogramado para septiembre. La entidad señaló que está revisando, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI), debido a que su implementación bajo las condiciones establecidas en el Decreto 662 de 2026 podría modificar la focalización y permanencia de los hogares en los programas de transferencias.
Según Prosperidad Social, la aplicación de los nuevos criterios podría afectar a cerca del 49 % de los hogares que actualmente reciben estos recursos. Renta Ciudadana tiene aproximadamente 700.000 hogares beneficiarios y entrega transferencias de $500.000 cada dos meses. La entidad explicó que antes del 10 de agosto debían adelantarse trámites relacionados con la transición al RUI y que, al no completarse ese proceso, se generó un riesgo de retraso en el cronograma de pagos anunciado para el 21 de agosto.
Para septiembre, pero aún no hay fecha
La entidad indicó que la revisión busca establecer los efectos de los nuevos criterios de focalización y las condiciones de permanencia sobre los hogares beneficiarios. Por ahora, el cuarto ciclo será programado para septiembre, pero Prosperidad Social aclaró que todavía no existe una fecha específica para los giros. La fecha será informada cuando estén definidas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas necesarias. La reprogramación tampoco implica que todos los hogares actualmente vinculados mantendrán su condición de beneficiarios, pues deberán cumplir las reglas de acceso y permanencia vigentes.
Los hogares no deben realizar nuevas inscripciones, pagar trámites ni acudir a intermediarios para acceder al pago. Prosperidad Social señaló que cualquier información sobre la programación del cuarto ciclo o cambios en los programas será comunicada mediante sus canales oficiales. La entidad continuará con el DNP la revisión de la implementación del RUI y sus efectos sobre los beneficiarios antes de definir el cronograma de pagos.

